La celebración de los dos juicios orales por la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) contra el juez Garzón es un signo más de la crisis del Estado de derecho en España. El primer juicio que va a celebrarse, el de las escuchas telefónicas de los principales imputados del caso Gürtel con sus abogados, supone, por sí solo, una ofensa a la conciencia democrática. Los principales responsables de la trama, que permanecen en prisión preventiva desde hace tres años, son los acusadores del juez que los investigó. La sola admisión de la querella ya constituyó la forma más grave producida hasta ahora en España de alianza objetiva de los tribunales y la corrupción, porque transmitió un mensaje evidente de amparo de sus conductas y de posible impunidad. Y significa que los presuntamente corruptos han conseguido ya una victoria: someter a un proceso penal por prevaricación al juez que se ha atrevido a investigarlos.
Acceso al artículo completo: JUICIO A BALTASAR GARZÓN
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