Por Pedro Taracena
El que algo teme, algo debe.
Quien tiene la conciencia tranquila duerme o descansa con total tranquilidad. Se dice de quien no puede dormir por algún motivo o sin motivo aparente. También se aplica a quien se oculta para evitar represalias de la persona a quien ha podido perjudicar.
Han sido los políticos gobernantes
y los medios de comunicación los que han encubierto la opacidad de
la Casa Real y las fechorías del Rey. Tomaron parte del pacto de la Transición. Cumplieron la
voluntad testamentaría del Caudillo de España, golpista
contra la República legítimamente constituida, e hicieron a Juan Carlos rey
constitucional. Restauraron el Estado de Derecho e instauraron la monarquía. Pero tanto el
padre del Rey Juan Carlos I Don Juan de Borbón, como el mismo Juan Carlos han
sido desde el golpe de estado del 18 de julio, colaboradores necesarios de la
instauración de la realeza destrona por la proclamación de la República. Esto es
Historia de España con mayúscula. No obstante el cinismo de
los franquistas y sus cómplices oportunistas se han adaptado a vivir en la
mentira y han canonizado la cultura de la transición, que ahora
muchos venimos llamando La Casta.
Con estas premisas históricas es normal que La Casta incluyendo al Rey estén
nerviosos. Su abdicación y la proclamación, entronización o coronación de Felipe VI,
no acontece con normalidad. Las generaciones del siglo XXI reclaman una revisión a fondo de nuestra Carta Magna. La Casta mantiene
una gran contradicción, acudiendo al
desafío de la legalidad vigente de forma hipócrita. Sin embargo para ensalzar y adular a Juan
Carlos le otorgan la heroicidad de haber desmontado la dictadura que heredó, y que mediante un periodo constituyente se
despojó de todos los poderes franquistas heredados. He aquí la paradoja.
Volviendo a la inviolabilidad real que la
Constitución otorga al
monarca. El escándalo se está produciendo con la argucia de buscar a hurtadillas su
inmunidad para que después de la proclamación de Felipe VI, nadie pueda armar “un follón”. Es decir que
nadie le pueda llevar a los tribunales por presuntos delitos cometidos ajenos a
las funciones otorgadas por la Constitución. Un detalle más para contemplar
la anormalidad del proceso, tanto para la clausura del reinado post franquista como
para el comienzo del reinado de Felipe VI. En un marco hostil hacía los políticos, los
banqueros, los caciques y la Iglesia, la institución monárquica se
encuentra a la baja y los partidarios de la República al laza.
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