EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO VERSUS FISCAL GENERAL DEL GOBIERNO

Por Pedro Taracena

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA DE 1931

Artículo 97. El Presidente del Tribunal Supremo y el Fiscal General de la República estarán agregados, de modo permanente, con voz y voto, a la Comisión Parlamentaria de Justicia, sin que ello implique asiento en la Cámara.

Artículo 104. El Ministerio Fiscal velará por el exacto cumplimiento de las leyes y por el interés social.

Constituirá un solo Cuerpo y tendrá las mismas garantías de independencia que la Administración de Justicia.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Artículo 124.

1. El Ministerio Fiscal, sin prejuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

Este artículo dispone de 4 apartados, en todos ellos se refuerza la legalidad e imparcialidad, pero el tercer apartado dice que: La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. Y aquí es donde al margen del espíritu constitucional, el Fiscal depende jerárquicamente del Gobierno.

Somos muy pocos los españoles que nos hemos leído las dos constituciones más próximas a nuestros días, seguro que si se las leyeran ahora los del PSOE se les caería la cara de vergüenza. El PP tiene bastante con saberse los Principios de Movimiento Nacional. El Ministerio Fiscal se engendró viciado y permitió convertir, al Fiscal General del Estado en el Fiscal General del Estado menos fiscal del Gobierno. Este juego de palabras delata la realidad de que el fiscal del Gobierno, es eso, propiedad del Gobierno, no que el fiscal pueda fiscalizar las acciones del Gobierno. Yo me confieso sin reparos que soy un lego en derecho, pero cuando la Constitución Española me dice en su artículo 117 que: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrados en el poder judicial, es evidente de que me otorga como ciudadano la capacidad para discernir lo que es justo de lo que no lo es. Y el sacar a la fiscalía del entorno del poder judicial, está claro que es una anomalía con tintes de injusticia, porque el Gobierno queda inmune de cualquier acusación que se salga de la naturaleza política.

Las reformas políticas, eufemismo de los recortes en derechos fundamentales, está causando verdaderos prejuicios con peligro de muerte a la ciudadanía. La negativa del Gobierno de proporcionar el medicamento que los facultativos determinan que hay que administrar para la curación de los enfermos graves de hepatitis, aludiendo que  no hay dinero, es un crimen. No hay tiempo para recurrir en amparo al Tribunal Constitucional, porque son muchos los que van a morir de forma inminente. Y el fiscal tampoco puede actuar contra el gobierno porque depende de él jerárquicamente. El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, pero no se contempla que actué contra el Gobierno el Fiscal General del Estado, que se reserva para otros ciudadanos, incluyendo la defensa de la infanta Cristina de Borbón. Recientemente los jueces han denunciado carencias de medios para administrar la justicia, pero la fiscalía ha permanecido al margen.

Si en vez de ser la Administración del Estado quien se niega a proporcionar el medicamento a los enfermos graves de hepatitis, fuere un ente privado, entonces sí podría actuar el Fiscal General del Estado. ¿No es éste un escándalo de dimensiones infrahumanas? El mutismo cómplice es total: oposición, jueces, fiscales, colegios de médicos, nadie. ¿Qué pasaría si se presentara  una denuncia por uno de estos colectivos contra el Gobierno, por violar el derecho a la vida, por negar la asistencia médica y por no permitir que los médicos obren en consecuencia guiados por su juramento hipocrático, en éste en todos los casos de mutilación de la sanidad pública y universal?

Si todos  incluyendo al Rey permanecen mudos ante este exterminio legal de los enfermos de hepatitis, algo o mucho, huele a podrido en el Reino de España.