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lunes, 28 de noviembre de 2016

CUBA



Por siempre



Como preámbulo a mi artículo sobre la Cuba de Fidel Castro, la UNESCO ha puesto en mis manos este informe para ilustrar la  maledicente incultura de las Musas del PP, los Voceros del Régimen del 78 y los Boceras del Reino, heredado de Franco.




En América Latina y el Caribe sólo Cuba alcanzó los objetivos globales de la Educación para Todos en el periodo 2000-2015



ESPAÑA 1975, CUBA 2016

Por Pedro Taracena Gil

Es difícil que los medios de comunicación españoles sean capaces de, al menos  intentar, el hacer un análisis objetivo de la Cuba del siglo XXI.  Las Musas del Partido Popular, los Voceros del Régimen del 78 y los Boceras del Reino, están inmersos en la monarquía parlamentaria. El Régimen que tiene muchos de los vicios heredados de la Dictadura. El dejar impune el genocidio ha tenido y aún tiene sus consecuencias.
Somos muchos los españoles que fuimos víctimas consientes del franquismo, y la muerte de Fidel Castro nos refresca la memoria de cómo reaccionó el Régimen ante la muerte de Francisco Franco, Caudillo de España, que lo fue por la Gracia de Dios.
Ambos regímenes tienen aspectos en común. Científicamente serán los politólogos quieres establezcan las características que son comunes a ambas dictaduras. Cuba. Una dictadura del proletariado revolucionario y comunista, con el eufemismo de democrática popular. España. Una dictadura militarista y fascista en connivencia con el nacionalcatolicismo y el nacionalsindicalismo. Con el eufemismo de ser una democracia orgánica. Ambos dictadores han muerto en su cama.
En los dos países, salvando las distancias de tiempo y lugar, ha desaparecido el salvador de la patria. En Cuba, Fidel Castro había iniciado la revolución que hacía recuperar el Gobierno para el pueblo y librarle de la dictadura del imperialismo americano y el capitalismo mundial. La estructura del régimen cubano corresponde al comunismo dentro del área de la Unión Soviética. En España, Francisco Franco, liberó al pueblo de las hordas republicanas, comunistas y judeomasónicas. A través de la Santa Cruzada de Liberación, en lucha permanente contra el ateísmo. El carácter militar de la dictadura franquista tuvo la complicidad de Falange Española. Cuyo lema fue: Revolución Nacional Sindicalista. Sin esperar el análisis de los politólogos podemos convenir que en España había una dictadura de derechas y en Cuba una dictadura de izquierdas.
Ante el fallecimiento de los dos dictadores, la reacción de los regímenes de Cuba y de España ha sido similar en lo fundamental. Personalmente viví la muerte del Generalísimo residiendo recién casado en Barcelona. Aunque viajaba por los territorios de Aragón, Catalunya y Baleares. En ambos regímenes se ha decretado un periodo de duelo y de luto. Imponiendo la disciplina del silencio con ausencia de manifestaciones públicas de júbilo. La gente está reaccionando en ambos países de igual forma. Los opositores y víctimas del régimen, descorchando en privado y en silencio las botellas de cava o champán. Los presos políticos avivando la esperanza de libertad. Así como los exiliados preparando el visado del retorno.
Los corresponsales españoles  ahora muestran su extrañeza ante la reticente reacción de los cubanos. Esto puede ser motivado por su ignorancia de lo que pasó en España en 1975. O quizás yo sea muy mal pensado y les asista la mala voluntad de seguir alimentando el anticastrismo. Es evidente constatar como pasó en España, la falta de libertad de los cubanos para expresar sus opiniones y su verdadero estado de ánimo. Pero La Casta española ya ha enviado a sus esbirros para que nos den argumentos para descalificar el régimen castrista y de paso omitir sus logros y atacar a UNIDOS PODEMOS.
Las consecuencias inmediatas a la muerte de ambos jefes de estado, son también muy similares. Fidel Castro, abdicó en su hermano Raúl Castro en 2008, para ocupar el trono de la Dictadura de Cuba. Francisco Franco, estableció la instauración monárquica en la persona de Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, en el año 1969. Mientras las pompas fúnebres de Cuba y España en los días próximos al óbito, las colas de los incondicionales serpenteaban, calles y plazas loando las grandezas de su líder. Mientras, en el exilio del exterior se brindaba y se brinda por la muerte del tirano. En el año 1975 y en 2016.  
En el caso de Cuba, Raúl Castro es automáticamente el nuevo mandatario de la República de Cuba y en España a los dos días de la muerte del Jefe del Estado, el 22 de noviembre de 1975, fue coronado Rey al Príncipe de España, según establecía el testamento del General Franco.
A partir de la desaparición de Fidel Castro, las características de España y Cuba van a ser sensiblemente diferentes. En Cuba, es deseable que se conserven los históricos e innegables logros de la Revolución. Avanzando en una Transición hacia una democracia que recupere el pluralismo político, la libertad de expresión y libere a los presos políticos. La Historia dirá si el régimen castrista tendrá su Núremberg.
En España, con el testamento de Franco hecho realidad, comenzó una Transición que dejó impune los crímenes cometidos por la Dictadura. Evidentemente el franquismo y sus secuaces, lejos de haber tenido su Núremberg, escribieron la Constitución con la complicidad de los exiliados, los excarcelados y los políticos clandestinos. La Carta Magno no ha evitado que el espíritu franquista y sus vicios sigan vigentes.
La prensa en España está cautiva de La Casta (Oligarquía de siempre), de la Santa Transición y de los vicios contraídos por el nefasto consenso del franquismo y el bipartidismo, es decir PP y PSOE.
Las crónicas de los enviados a Cuba y los tertulianos que se quedan en los estudios de radio y platós de TV, huelen a mentira apuntalada de embustes tendenciosos. 


GALERÍA DE IMÁGENES DE LA REVOLUCIÓN



















MEDIOS IMPOSTORES DEL PERIODISMO:

TVE, ANTENA3, CUATRO, TELE5, LA SEXTA, LA RAZÓN, ABC, EL MUNDO y EL PAÍS. Sin olvidar los medios de la Sacrosanta Iglesia.



domingo, 20 de noviembre de 2016

¡MÁS PERIODISMO! O ¡MÁS IMPOSTORES DEL PERIODISMO!




George Orwell





Que ser cobarde no valga la pena, Iñaki López



Iñaki López y Eduardo Inda
Impostores del periodismo

Por
04/12/2016

Sinceramente, a diferencia de lo que pienso de la mayor parte de los periodistas de los que se nutren los circos televisivos que hoy llamamos noticiarios o tertulias políticas, incluyendo a los que representan el papel de progresistas o izquierdistas, no creo que Iñaki López sea una mala persona. Lo que sí creo es que es un mayúsculo cobarde, y como consecuencia un chaval muy obediente, muy disciplinado. Aunque si me paro a valorarlo, no sé qué es peor ni a quién prefiero, si a un canalla congénito o a un pelele. Puede que incluso me dé más grima el pelele, el monigote. Y el caso es que a este muchacho lo he visto emocionarse con relatos de esos que hacen estremecer a las personas con sentimientos, y he visto cómo le brillaban los ojos escuchando a invitados de esos que merecen respeto y atención. Lo que no deja de ser un agravante, porque esa reacción indica que tienes capacidad para apreciar la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. Y lo de ayer; el bochornoso espectáculo que protagonizó ayer el sensible Iñaki López, no es que esté mal, es que fue nauseabundo.
Quizá lo que más asco me dio no fue que se le notara tanto el estar cumpliendo con la consigna del día; con lo de no permitir que se hablara del repugnante asunto de Inda, sino que fuera tan torpe y tan evidente para intentar justificarse. Primero con aquello de que ya existen otro programas para ventilar la vida privada de los personajes públicos, como si en ese caso se estuviera tratando con quién se acuesta o deja de acostarse Inda, cómo es su casa, cuánto dinero tiene su familia, quién es su sastre, o si ha discutido o se ha reconciliado con su pareja, que sí sería propio de los programas del famoseo a los que aludía Iñaki sin nombrarlos. Y segundo, que se permita asegurar que, en las infinitas ocasiones anteriores en las que se ha profundizado en La Sexta Noche en la vida privada de sus invitados o colaboradores, él no lo ha permitido. Manda narices.
Para empezar, Inda ha sido precisamente el que ha convertido, con la complicidad del moderador, este programa en un ‘salsa rosa’ cualquiera, hablando del casoplón de la familia de Carolina Bescansa o de su posición social, o de la familia de las hermanas Serra, o de sus aficiones. También de la de Ramón Espinar, o incluso, entre mil ejemplos más, de la condición aristocrática de la familia de una compañera de profesión (para que no se diga que solo lo ha hecho con políticos, o con sus familias).
Y precisamente por esto se hace más insultante si cabe el repentino autoritarismo de un moderador habitualmente pusilánime, cuando en esta ocasión la situación invitaba justamente a lo contrario aunque solo fuera porque Eduardo Inda probara un poco de la misma medicina que ha estado repartiendo inmisericordemente durante varios años. Máxime cuando además sí estaba motivado el ser algo más permisivo, evidente como era que no solo suponía un asunto de interés general (trending topic durante todo el día en RRSS), sino que además tenía relación directa con el machismo, que era justamente el tema que se estaba tratando. Y eso por no hablar de lo mucho que merecía semejante descrédito el hasta ayer azote de los inmorales (y qué mayor inmoralidad que, pudiendo, no pasar la pensión de manutención a tus propios hijos).
“Gracias Eduardo por tu paciencia”. No tienes vergüenza, Iñaki López.
No creo que valga la pena extenderse más sobre el particular, pero sí añadir algo no directamente relacionado con el affaire de anoche. Sé que se mueve por las redes una corriente de opinión, bienintencionada pero bastante infantil, que apela al boicot a este tipo de programas, a apagar la tele. Y está muy bien apagarla, no verla, pero parece que hay quien no valora que el que es capaz de cumplir con ese tipo de propósitos es precisamente el espectador no manipulable, el que daría exactamente igual que viera este u otros programas. Ese tipo de propuestas no pasan de pataleta inútil, porque tampoco afectan a los ingresos por publicidad de una cada día más subvencionada televisión privada. Lo que tenemos que hacer si queremos que un servicio público tan condicionante culturalmente como la televisión no nos perjudique, es exigir calidad, pluralidad, acceso a la participación pública, y rigor y seriedad cuando no se trate de espacios de opinión. Y por supuesto, una ley de medios que obligue a cumplir con estos principios, o que los sancione con la mayor dureza posible si alguien los incumple. Y denunciar. No dejar nunca de denunciar públicamente cuánto nos molesta que todo sea interesada basura en los grandes medios de comunicación.



Iñaki López, marioneta de LA SEXTA

Acceso al artículo completo:


IMPOSTORES DEL PERIODISMO



El Ángel Caído

Por Pedro Taracena Gil

Cuando un país como España vive sumido en la mentira, apuntalada por embustes todos los días de todos los años, el pueblo también está inmerso en la creencia de las mentiras que le cuentan los voceros, esbirros, secuaces y lacayos del poder. Toda voz discrepante de la partitura oficial será tachada de populismo y demagogia o simplemente suprimida del pentagrama.
El primer gran embuste donde se sustenta el Estado de la Transición, es la mentira de la reconciliación después de un enfrentamiento fratricida, donde hubo vencedores y vendidos. 
El segundo gran embuste lo mantiene el Gobierno de España cuando engaña al pueblo sobre el final de la crisis. Negando la corrupción generalizada de los políticos e instituciones y promulgando reformas que constituyen auténticos crímenes legales.
El tercero de los grandes embustes lo cometen en cada instante todos los medios de comunicación: prensa, radio y televisión. Los seudoperiodistas y los vendidos tertulianos defienden variaciones sobre la misma versión oficial de la inequívoca política, única impuesta por los usureros mercaderes de la Unión Europea. 
El periodismo se ha convertido en la verdadera correa de transmisión de los embustes que nutren la vida en la mentira de “mi querida España, esta España mía, esta España nuestra…”

Se convierten en defensores absolutos de la España Oficial decretada por la Transición hasta nuestros días. Con ausencia total de cualquier atisbo de crítica, auto crítica; fomentando el corporativismo más compacto. Las nuevas formaciones políticas disidentes de la tradición del bipartidismo, son tachadas por estos mismos secuaces, de populistas, demagogos, radiales, castristas y bolivarianos. Los platós de televisión sobre todo, se convierten en un auténtico espectáculo. El periodismo no critica al poder y tampoco pretende constituirse en el cuarto de los poderes. No, son auténticos militantes políticos bien pagados que defienden a ciegas las políticas bien aceptadas por los empresarios, los bancos, los obispos y los caciques aunque sean corruptos. Un botón sirve de muestra, Antena 3, es un canal que muestra las portadas de los periódicos por orden de identificación ideológica, es decir alterando el orden de tirada. LA RAZÓN, ABC, EL MUNDO, EL PAÍS… Evidentemente los tertulianos y seudoperiodistas tienen el guión a seguir, que el telespectador conoce muy bien ya que es el mismo que leyeron el día anterior. En el polo opuesto está La Sexta, que aunque aparentemente se aleja de los voceros oficiales, mantienen unos seudoperiodistas y tertulianos que no seré yo quien mencione sus nombres porque son conocidos y detestados por muchos, aunque la dirección de la cadena los mantenga en esta lamentable puesta en escena. Las cadenas públicas son en sí mismas un esperpento nacional. Son servidores de la mentira y atacan a Podemos con la misma virulencia que el Gobierno; confirmando las sospechas de que son impostores del periodismo.
En España las Redes Sociales se han constituido e instalado como los medios de comunicación más libres e independientes.

LOS SEUDOPERIODISTAS Y VENDIDOS TERTULIANOS



jueves, 17 de noviembre de 2016

EL ARTÍCULO 155 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

 
Actualizado 19/10/2015 03:00
En la vida siempre es útil conocer y partir de la realidad y no confundir ésta con lo deseable. El escenario del futuro Parlamento catalán es el que es: mayoría absoluta de dos fuerzas independentistas (Junts pel Sí y la CUP). Por lo demás, la CUP, que tiene la llave de la Presidencia, exige la ruptura unilateral con España y con sus instituciones, comenzando por el Tribunal Constitucional. Ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero no me sorprendería mucho la necesidad de tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución, como el sábado se apuntaba en la portada de este periódico.
"El uso del artículo 155 sería una mala noticia para la vida política española; antes deben activarse otras medidas"
Para entender bien tan relevante artículo y comprender lo que su aplicación supone, es útil realizar una serie de precisiones. De entrada, es básico conocer sus dos apartados, no hablar de oídas. Dicen así: "1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. 2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas". Por último, hay que saber que dada la decisiva participación del Senado, su Reglamento establece en su artículo 189 -en cinco apartados- el procedimiento a seguir.



En primer lugar, cabe señalar que no estamos ante ninguna rareza constitucional. La mayor parte de las constituciones que tienen Estados descentralizados contemplan estos artículos que garantizan la superioridad de la Carta Magna y del interés general frente a posibles desobediencias graves de las autonomías, regiones o 'länder'. Sin embargo, sí podemos realizar una importante aclaración. De los dos procedimientos de control al uso en nuestro Derecho comparado, el constituyente español de 1978 optó por el más suave o respetuoso con las Comunidades Autónomas, que es lo que los alemanes llaman la "coerción federal" y regulan en el artículo 37 de la Ley Fundamental de Bonn de 1949. De hecho, nuestro artículo 155 prácticamente copia el citado artículo 37, alejándose de procedimientos más radicales y gravosos para las regiones o autonomías como su suspensión o incluso su disolución, tal y como contemplan, por ejemplo, el artículo 100.1 de la Constitución austríaca de 1920 ("Toda Dieta regional podrá ser disuelta..."), el artículo 126 de la Constitución italiana de 1947 ("Se acordarán por decreto motivado del presidente de la República la disolución del Consejo Regional y la remoción del presidente de la Junta...") o el artículo 234.1 de la Constitución portuguesa de 1976 ("Los órganos de las regiones autónomas podrán ser disueltos o suspendidos por el Presidente de la República..."). Por tanto, en España no cabe la suspensión ni la disolución, tan sólo la coerción o, como dice nuestra Constitución, "obligar al cumplimiento forzoso". Bien es verdad que todo ello para el caso de las Comunidades Autónomas, pues sí cabe la disolución de las corporaciones locales o Ayuntamientos, tal y como contempla el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen Local de 1985, que en su apartado primero apunta que el Consejo de Ministros, con acuerdo favorable del Senado, podrá por real decreto disolver los órganos de las corporaciones locales por gestión gravemente dañosa al interés general. Supuesto, por cierto, que ocurrió el 7 de abril de 2006 con la disolución del Ayuntamiento de Marbella (Real Decreto 421/2006).



"¿Tiene sentido que antes de llegar a esta situación se activen otras medias? Entiendo que sí. Y estoy pensando en el poder moderador del jefe del Estado"
En segundo lugar, estamos ante un supuesto excepcional o extraordinario, tal y como indica el Tribunal Constitucional en diferentes Sentencias (SSTC 6/1982, f. j. 7º; 27/1987, f. j. 9º y 49/1988, f. j. 31º). Esto en Derecho, lógicamente, tiene sus consecuencias: primero, hay que agotar las medidas ordinarias de control que tenemos a nuestro alcance; segundo, la interpretación del artículo 155 siempre tiene que ser de carácter restrictivo, nunca expansivo; y tercero, su aplicación gradual y proporcionada, amén de profusamente motivada, con medidas muy concretas y acotadas, siendo jurídicamente claves los términos del previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, si son desatendidos, las claras medidas a adoptar. Respecto de lo extraordinario del supuesto que regula el artículo 155, se refería uno de nuestros 'padres' de la Constitución, Pérez Llorca, en el proceso constituyente en la sesión de 16 de junio de 1978, de forma hoy casi profética: "La introducción de preceptos que tienen que venir a solucionar casos hipotéticos que nadie desea que se produzcan, y que probablemente no se producirán, pero que la Historia conoce que se han producido".



En tercer lugar, aunque el artículo 155 apunta como órgano incumplidor a "una Comunidad Autónoma", la realidad señala que básicamente nos centramos en los dos órganos ejecutivos principales de una Comunidad, esto es, su Gobierno y su presidente a la cabeza. El resto de órganos o poderes públicos de la Comunidad es raro o prácticamente imposible que puedan activar, por acción u omisión, este artículo, sí otros de la Constitución o del ordenamiento jurídico que regulen controles ordinarios, pero no este caso excepcional. Por lo demás, los dos supuestos habilitadores de la coerción no dejan de ser en el fondo bastante complementarios. Resulta raro que se dé uno sin el otro. Es fundamental destacar la gravedad, cosa que el segundo supuesto hace ("que atente gravemente al interés general de España", dice el art. 155.1), pero no el primero, de forma bastante errónea, pues seguro que un poder u órgano público de una Comunidad Autónoma habrá incumplido alguna ley, y no por ello se activa el artículo 155.
En cuarto lugar, como ya hemos señalado, el artículo 155 es la última ratio, el último recurso ante una situación verdaderamente grave, que obliga al Gobierno de la Nación a limitar puntualmente el derecho de autonomía regulado en el artículo 2 CE. ¿Tiene sentido que antes de llegar a esta situación se activen otras medidas? Entiendo que sí. Y en este caso estoy pensando en el poder moderador y arbitral del jefe del Estado, regulado en el artículo 56.1 CE, que vela por el "funcionamiento regular de las instituciones". Lógicamente, si se atenta gravemente contra el interés general de España, no hay un funcionamiento regular, sino una situación realmente decisiva, que precisa por tanto de la actuación del Poder Moderador de la Corona. Tampoco es desdeñable activar y mejorar el Poder Corrector del Tribunal Constitucional ante situaciones excepcionales -y la posible ruptura del Estado sin duda lo es-, siempre dentro de los cauces establecidos en la Constitución.
Por último, nos queda la delicada cuestión de qué tipo de medidas puede adoptar el Gobierno de España frente a la Comunidad Autónoma incumplidora para corregirla; ya sabemos que la suspensión o disolución de la misma no cabe en nuestro sistema constitucional. En importante medida, las mismas dependen o deben ser proporcionales al grado o tipo de incumplimiento. El Gobierno de España actúa pues en reacción o proporción al nivel de gravedad del incumplimiento realizado por la Comunidad Autónoma. No parece lógica ni proporcionada la intervención de las Fuerzas Armadas, ya que su función principal es salvaguardar la seguridad frente a agresiones externas, que no es el caso. 



Lo más adecuado es utilizar a los representantes del Estado en la propia Comunidad Autónoma, esto es, a los funcionarios públicos que, como determina el artículo 103 CE velan por el interés general y se rigen por los principios de jerarquía y coordinación, entre otros, y lo que es más importante "con sometimiento a la ley y al Derecho". El Gobierno de España debe darles las instrucciones pertinentes para suspender y anular los actos contrarios al ordenamiento jurídico o al interés general de España. Incluso puede utilizar medidas económicas de bloqueo y presión, no debemos olvidar que el Título VII de la Constitución sobre "Economía y Hacienda" abre con el artículo 128.1 que señala: "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general".
El problema se complicaría si con la actuación de los funcionarios públicos no bastara y si se tuviera que recurrir a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, algo evidentemente poco deseable. El artículo 104 CE indica que dependen del Gobierno y protegen el libre ejercicio de los derechos y las libertades. Por lo demás, su ley de desarrollo, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, contempla como primera función en su artículo 11.1.a) Velar por el cumplimiento de las Leyes. Sería, en cualquier caso, el propio Senado, por mayoría absoluta, quien tuviera que contemplar la existencia de este supuesto extremo.
El uso del artículo 155 es una mala noticia para la vida política española, es síntoma de que algún poder autonómico constitucional se está excediendo gravemente en sus funciones y fuerza hasta el límite al Gobierno de la Nación, que obligatoriamente tiene que actuar en defensa del bien común y del interés general.
David Ortega es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos.

Reportaje fotográfico: El Congreso de los Diputados por Pedro Taracena Gil